Bajo la Alumbrera es el caso testigo de
las promesas mineras incumplidas y, también, de la represión para imponer un
modelo.
Octubre de 1994. Cine de la capital
catamarqueña. El presidente Carlos Menem, el gobernador Arnoldo Castillo y el
secretario de Minería, Angel Maza protagonizaron el lanzamiento de las obras
del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. “Esta es la Argentina que necesitamos,
que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”, afirmó
Menem. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa
extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de
profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y
monumentales palas mecánicas remueven 300.000 toneladas de roca por día.
Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que
es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora
en una zona semidesértica.
El yacimiento de oro y cobre están en
manos de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Bajo la
Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del
mundo y entre los 15 de oro. Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos
de oro y seis kilogramos de cobre. Los especialistas advierten que la remoción
de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua
producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
La campaña publicitaria de la empresa y
los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil
personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas,
6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura,
aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200
puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no
trabajan más de 90 personas de Andalgalá.
A quince años del comienzo de las obras
existe una decena de acusaciones: las familias de Juana Flores y de Manuel
Casas vivían a dos kilómetros del dique de colas, a la vera del río Vis Vis.
Tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua y están en
juicio con Alumbrera. El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la
Justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el
río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario
investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales.
Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames
tóxicos del mineraloducuto. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su
contra Minera Alumbrera.
El fiscal general de Cámara de Tucumán,
Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa:
valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley
nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en
mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
Hubo al menos cuatro derrames del
mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004. El 10 de junio de 2006 y, dos días
después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en
diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el
departamento de Belén.
Alumbrera cuenta con un permiso de
extracción de 1.100 litros por segundo. Tiene permiso para extraer hasta 69
millones de litros por día. Un informe interno del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de
2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe
solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la
gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios
riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas
locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados
en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una
actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
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Alumbrera es el caso testigo de que las
promesas mineras no se cumplen. Con un agravante: en 2009 el gobierno
provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero publicitado como tres
veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del centro urbano de
Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región.
El pueblo de Andalgalá, Santa María y
Belén (entre otros) ya no creen en las promesas mineras.
En diciembre de 2009 cortaron el camino de
acceso a Agua Rica. El 15 de febrero de 2010 sufrieron una dura represión por
parte de la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres
recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de
Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. El Poder Judicial frenó el proyecto.
En enero de este año, en paralelo a la
pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron
los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro
asambleístas.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18
detenidos y represión.
El 8 de febrero fue destruido el acampe de
Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años).
Los cortes de rutas y caminos se
mantuvieron.
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La Secretaría de Minería de Nación emitió
el 13 de enero un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Aumentó la
exploración un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó
que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con
mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad
exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta
con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con
proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza,
Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (del informe
2009 “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009
ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que
en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9, en un discurso público, la
Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó
la actividad y cuestionó a los ambientalistas) y reconoció la necesidad de “una
discusión en serio” respecto a la minería.
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El viernes 10, a las 3.45, la policía de
Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el
avance de camiones de Alumbrera.
El mismo día, a las 9 de la mañana, un
centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Todo
registrado por el canal TN y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de
Andalgalá). Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos
para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que
reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización.
“La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la
represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a
la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas
provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las
empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias
y destrucción”.
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Megaminería y agronegocios (con la soja
como estandarte) son parte de un modelo extractivo. La ingeniería legal data de
los 90. El geométrico avance territorial: a la última década. Nunca antes la
soja y la megaminería habían avanzando tanto. Y, cuando existen resistencias,
imponen la represión (privada y/o estatal).
Ningún funcionario de primera línea del
gobierno nacional se refirió (al menos hoy) a la represión en Catamarca. Como
tampoco sucedió cuando asesinaron al qom Roberto López en Formosa ni cuando
asesinaron al campesino santiagueño Cristian Ferreyra. En Catamarca (por suerte)
falló la puntería.
Sostener el modelo extractivo tiene costos ambientales, sociales y,
sobre todo, humanos. Formosa, Santiago y, ahora, Catamarca, son sólo una
muestra de los “daños colaterales” que los gobiernos están dispuestos a pagar